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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
El derecho del público a saber es el derecho a vivir
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- Creado en Viernes, 28 Septiembre 2012 15:43
Dr.(c) Carlos A. Camacho Azurduy
Un tema que comienza a discutirse en los países latinoamericanos en el marco de la demanda de los ciudadanos y la predisposición de los Estados en la búsqueda de su real democratización (“democratizar la democracia”), es el de facilitar y asegurar el Derecho Humano a la Información como mecanismo que coadyuva en la formación y ejercicio de la ciudadanía porque sirve de soporte y fortalecimiento al rol ciudadano. Éste implica un ejercicio responsable y conciente en la toma de decisiones frente a cualquier ámbito de acción en la vida pública.
Para cumplir efectivamente este rol las personas requieren tener, en primera instancia, asegurado y reconocido formalmente —con fuerza de ley— el acceso a la información que produce y maneja el sector público, como instrumento que promueva la participación política, la lucha contra la corrupción y la interlocución con las diferentes instancias estatales, en
relación a temas que los afectan inmediata y directamente en la construcción de su propio desarrollo. La labor del Estado es fundamental para brindar las condiciones apropiadas para que las personas puedan acceder libremente a la información que requieren en su vida cotidiana.
Sin embargo, es un hecho que en América Latina, en general, los gobiernos no aseguran la publicidad de sus actos, impidiendo el acceso, la participación y el monitoreo efectivos de la ciudadanía. La mayoría de las dependencias gubernamentales no entrega la información que se les solicita. Las pocas que sí lo hacen, ni siquiera cumplen los plazos legales. En consecuencia, al igual que en la región andina, no existe un acceso efectivo a la información pública por parte de la ciudadanía.
Acceso a la Información Pública El acceso a la información es un derecho humano protegido por el derecho internacional, por
medio del cual toda persona puede tener conocimiento de los datos que se encuentran en cualquier entidad pública y privada, no sólo la que de ella exista sobre sí misma1 sino, también, sobre sus bienes, en base de datos, registros, documentos, informes y archivos, con objeto de conocer el uso que se haga de ésta y su propósito, además de tener la posibilidad de actualizar, rectificar y/o eliminarla para que no afecte su intimidad personal y familiar. Los Estados tienen obligaciones positivas de garantizar el ejercicio de este derecho, comenzando por otorgar la información en su poder.
En cuanto a la definición de información pública, concretamente no cuenta tanto el carácter del sujeto o entidad que la elaboró, la forma misma de su producción, la fecha de elaboración o el formato en que se encuentra (documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, etc.), sino el hecho objetivo de que contiene datos que han sido creados u obtenidos o que se encuentran en posesión o bajo control de las instituciones estatales, y que, en consecuencia, no deben ser mantenidos en reserva por expresa disposición de la ley.
El libre acceso a la información pública es un derecho humano indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia. Su efectivo ejercicio permite monitorear y controlar la gestión pública, promover la rendición de cuentas y procurar el mayor nivel de transparencia dentro del Estado para el bien colectivo. Este derecho es interdependiente ya que a través de éste, la ciudadanía ejerce otros derechos constitucionales, como la participación política, votación, petición, educación y asociación, entre otros.
En los Estados modernos, la publicidad de la información ―concebida como un derecho― habilita a las personas para asumir un papel activo en el gobierno, es decir, constituirse en ciudadanos a través de sistemas de participación y control efectivos, que coadyuvan en la conformación de un clima democrático que garantiza el respeto por todos los derechos humanos. De ahí que la información es necesaria para la formación de opinión y la realización de un debate público sólido y sustentado. Posibilita la participación ciudadana en los asuntos públicos y fomenta la transparencia en la gestión del Estado, mejorando la calidad de sus instituciones. En definitiva, ayuda a los ciudadanos a tomar opciones fundamentadas en su vida
cotidiana.
Concretamente, este derecho habilita a la ciudadanía de un conocimiento amplio sobre las gestiones de los diversos órganos del Estado relacionados con temas de interés común (por ejemplo, lucha contra la corrupción), lo que permite la transparencia y responsabilidad de la administración y, la publicidad y efectividad de los actos de la gestión gubernamental. Es evidente que sin la información en poder del Estado a la que todas las personas tienen derecho, y que ha sido manejada a través de una “cultura del secreto”, no puede ejercerse la libertad de expresión como un mecanismo efectivo de participación ciudadana ni de control democrático.
BOLETIN 5
- Detalles
- Creado en Miércoles, 30 Noviembre 2011 09:56
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE BOLIVIA TRANSPARENTE COMO MISIÓN DE OBSERVACIÓN NACINAL EN LA ELECCIÓN DE ALTAS AUTORIDADES DEL ÓRGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
BOLETIN 5 (INFORME JUDICIALES 2011
- Detalles
- Creado en Lunes, 31 Octubre 2011 17:09
“Bolivia Transparente”
Misión de Acompañamiento Electoral
Elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del
Tribunal Constitucional Plurinacional 2011
ELECCIÓN JUDICIAL 2011: CONSTRUYAMOS INSTITUCIONALIDAD
Observación ciudadana
- Detalles
- Creado en Martes, 25 Octubre 2011 12:26
Importancia de la observación ciudadana en las elecciones judiciales
Bolivia Transparente (22 de octubre).- En las elecciones, la ciudadanía usó la mejor estrategia que conoce y la que está más a su alcance: "la democracia libre" donde la manifestación de su voluntad se hizo sentir y respetar. Fue una de las expresiones democráticas más grandes, el pueblo se hizo escuchar y se impuso pero por la vía pacífica, sin enfrentamientos, sin pérdida de vidas y sin violencia, excepto la violencia de su voz y voto que solo le puede afectar al que tiene miedo de la libertad humana. En otras palabras esta elección se caracterizó por la gran participación y vigilancia ciudadana (no solo al sufragio, sino también a la etapa previa a la jornada de votación) y por la lamentable trasgresión de la norma de algunos candidatos.
En estas elecciones existieron tres misiones de observación electoral acreditadas por el Órgano Electoral Plurinacional: la OEA, la UNASUR y la Misión de Observación Electoral Ciudadana "Bolivia Transparente". Esta última al ser una plataforma ciudadana que aglutinó a 10 instituciones de la sociedad civil en todo el territorio nacional (en Cochabamba representada por el CERES), pudo desplegar cerca de 250 observadores electorales que de forma fija hicieron su trabajo en más de 120 recintos electorales y de forma itinerante estuvieron presentes en por lo menos 200 recintos de votación estratégicamente seleccionados.
Todo este trabajo con metodologías validadas y cumpliendo estándares internacionales, generó un espacio que se enfocó en la participación y denuncia ciudadana a toda trasgresión de la norma jurídica electoral, poniendo a disposición 2 líneas gratuitas y una página web que dieron como resultado más de 350 denuncias ciudadanas el día de la jornada electoral y superaron las 100 en días previos. Todas ellas verificadas por observadores electorales y entregadas al Órgano Electoral Plurinacional como corresponde. En Cochabamba se movilizaron a casi 40 observadores que cubrieron 28 recintos electorales de forma fija y más de 70 de forma itinerante, tanto en la capital de departamento como en provincias cercanas.
Todo este trabajo pudo evidenciar una serie de aspectos que midieron la calidad de la democracia y la jornada electoral, pues mediante esta muestra nacional se determinó que en un 16% de los recintos observados existió propaganda electoral, en un 49% de los recintos observados se presentaron incidentes menores y en un 3% se presentaron problemas, desorden o conflictos que afectaron la votación. En lo que respecta a la depuración de ciudadanos, en el 66% de los recintos observados se presentó algún caso de este tipo y en el 97% de los recintos el escrutinio y cómputo de votos fue público y bajo el control de por lo menos de 3 jurados electorales, en un 3% el escrutinio y cómputo no fueron del todo públicos.
Sin embargo, el dato que más llama la atención es que en un 27% de las actas de escrutinio se asentó algún tipo de observación ciudadana, lo cual significa que la profunda vocación democrática de los bolivianos hizo que independientemente de cómo el ciudadano hay votado, este controló el escrutinio y asentó observaciones en por lo menos 1 de cada 4 actas de votación. Esto sin duda representa una madurez política donde la ciudadanía no necesitó de los partidos políticos como intermediarios para asentar su observaciones ni para vigilar la democracia.
Cochabamba, Rodrigo Gazauhi Espinoza
REDES SOCIALES
- Detalles
- Creado en Martes, 25 Octubre 2011 12:12
Bolivia Transparente innovó la participación ciudadana en redes sociales a través de la página web MI VOTO CUENTA y en Twitter con #judiciales 2011
Bolivia Transparente (17 de octubre) .- La presencia de Bolivia Transparente en Redes Sociales a través del portal www.mivotocuenta.org.bo recibió 2.700 visitas. En twitter, se generaron 5.000 mensajes (tweets) con el hashtag #judiciales2011 que permitió la participación ciudadana de forma activa, generando un compromiso ciudadano de velar por la transparencia del proceso electoral. En facebook, 750 personas se unieron a la página de Bolivia Transparente para seguir de cerca la información y realizando consultas propias de la jornada electoral. Este hecho fue valorado positivamente por diversos medios de comunicación social y misiones de observación internacional que destacaron esta actividad como una gran iniciativa convirtiendo al ciudadano y ciudadana boliviana en observadores virtuales de las elecciones judiciales.
El equipo de Bolivia Transparente contó con el apoyo de un conjunto de voluntarios y voluntarias en la Coordinación Electoral, Central de Denuncias, Observatorio de Medios y Gestión de Redes Sociales.
La Plataforma Social de Acompañamiento Electoral Bolivia Transparente participó con 228 observadores en Recintos Electorales a nivel nacional, realizó el acompañamiento electoral en 124 Recintos Electorales, en los cuales se instalaron 2437 mesas de sufragio con una población votante de 569.610 ciudadanos. Además de 20 observadores itinerantes en nueve capitales de departamento y en la ciudad de El Alto.
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